POR MARINO BÁEZ
El cordón umbilical que une a la diáspora dominicana con su tierra natal no está hecho solo de nostalgia, sino de un flujo constante de sacrificio financiero, visto que mes tras mes, los dominicanos residentes en el exterior asumen el sagrado deber moral de mitigar las profundas carencias económicas que padecen sus familiares en la isla; sin embargo, este acto de pura solidaridad choca de frente con un muro de ineficiencia burocrática y maltrato comercial por parte de las agencias de envíos, razón por la que, resulta inaceptable que el principal motor de la estabilidad macroeconómica del país reciba a cambio un servicio que raya en el abuso y el desprecio absoluto al usuario.
La gota que derramó el vaso de la indignación colectiva ocurrió hace apenas unos días con un caso que retrata la indolencia sistémica, y es que una persona allegada a nosotros tramitó un envío de dólares hacia Santo Domingo, destinado a una señora impedida físicamente de acudir de forma presencial a las oficinas de Caribe Express en Bonao y a pesar de haber pagado una tarifa adicional para garantizar la entrega a domicilio, la agencia omitió deliberadamente notificar la llegada del dinero, obligando a la beneficiaria a rastrear los fondos por teléfono, confirmando que la burocracia corporativa es hoy un obstáculo insalvable para los sectores vulnerables.
Al intentar resolver la situación, la respuesta de la conocida agencia Caribe Express destapó una realidad aún más absurda y discriminatoria para los clientes, afirmando que los fondos que había enviado la persona, y que por protección me reservo el nombre, se encontraban bloqueados bajo el argumento de que supuestamente enviaba demasiado dinero hacia República Dominicana, lo que sin dudas se podría calificar como una ofensa a un ciudadano que trabaja de manera honesta en el extranjero y que es tratado con sospechas criminales al enviar sustento a su familia, mientras constantemente la diáspora es asfixiada con el común denominador de las deficiencias en los servicios, además, se contraponen con los flujos millonarios de dudosa procedencia que diariamente se desplazan con total libertad hacia el país.
La gran paradoja del sistema financiero dominicano radica en la flagrante asimetría con la que se aplican los controles de prevención de lavado de activos, donde el ciudadano de a pie debe someterse a un escrutinio humillante para justificar el envío de unos pocos dólares ganados rompiéndose el lomo en Estados Unidos, mientras tanto, el narcotráfico y las complejas redes de blanqueo de capitales inyectan millones en la economía a través de canales directos sin mayores inconvenientes, lo que refleja claramente que las agencias persiguen con celo el dinero de la comida y las medicinas, pero parecen ciegas ante las transacciones de las grandes mafias que operan desde redes oscuras para enviar remesas que superan los límites a la República Dominicana, muchas veces con el apoyo de la Superintendencias de Bancos.
A este panorama de bloqueos arbitrarios e incumplimiento de servicios puerta a puerta se suma una deuda social histórica que el país se niega a saldar. Las pocas posibilidades de que una persona con discapacidad motora pueda retirar su sustento de manera independiente están ausentes en el país, debido a que la mayoría de las sucursales de las agencias de envíos de dinero carecen de rampas para el acceso adecuado de personas impedidas físicamente, por lo que esta exclusión arquitectónica despoja de su dignidad a los envejecientes y enfermos, obligándolos a depender de terceros para sobrevivir cotidianamente en una sociedad infectada por el oportunismo.
El incumplimiento de la Ley General sobre la Discapacidad en la República Dominicana es una realidad palpable que ninguna autoridad se atreve a fiscalizar con rigor, ni siquiera los congresistas, ya que los empresariado y los comerciantes privados operan con total impunidad, ignorando la obligación legal de garantizar entornos accesibles para todos los ciudadanos sin distinción de persona, o sea, los gobierno han basado su política a diseñar una sociedad que margina físicamente a quienes sufren de impedimentos para caminar, una muestra de atraso y falta de empatía imperdonable. El caso de las agencias de remesas es solo el síntoma visible de un mal estructural que carcome el tejido social.
Es imperativo que la diáspora dominicana reaccione con firmeza ante este entramado de ineficiencias que menosprecia el valor de sus remesas mensuales, lo que significa que los dominicanos residente en el exterior no pueden seguir financiando pasivamente a empresas que cobran por servicios que prestan y que bloquean fondos de forma arbitraria, ya que el poder económico que representan esos ciudadanos como comunidad organizada debe hacerse sentir mediante exigencias claras de respeto, calidad y transparencia institucional. Si las agencias tradicionales insisten en mantener un trato hostil hacia sus clientes, es el momento idóneo para migrar hacia nuevas alternativas financieras.
La exhortación urgente para todos los dominicanos en el exterior es abandonar de forma definitiva el uso de estas agencias de remesas convencionales, usando como vías más seguras, eficientes y dignas para proteger el dinero de su familia mediante transferencias bancarias directas, en razón de que al tramitar los fondos de cuenta a cuenta, se eliminan los intermediarios de ventanilla que ralentizan y complican los procesos de cobro, por lo que esa modalidad digital podría cortar de raíz las trabas logísticas que tanto afectan la tranquilidad de sus seres queridos en el país.
La bancarización del envío de remesas ofrece una ventaja estratégica crucial al neutralizar los problemas de movilidad y la falta de accesibilidad física descritos, por tanto, al caer el dinero directamente en la cuenta de ahorros del familiar, se elimina la necesidad de realizar traslados peligrosos por las calles, además, el beneficiario puede gestionar sus fondos desde la comodidad de su hogar mediante el uso de aplicaciones móviles de la banca local, de esta forma, el pago de servicios básicos y la compra de alimentos se realizan digitalmente sin barreras arquitectónicas ni tantas trabas.
La situación actual de las agencias de envíos en la República Dominicana requiere una transformación radical impulsada por los propios usuarios afectados. No basta con lamentarse en privado por los abusos de Caribe Express y corporaciones similares. Es hora de actuar con determinación colectiva.
Desde esta tribuna me adhiero a todos los dominicanos en el exterior y exijo a ProConsumidor y a la Superintendencia de Bancos una fiscalización severa que sancione los cobros indebidos y la exclusión a los impedidos físicos. Antes de usar el poder para beneficio propio, primero es justo ser solidario.
El autor es escritor y periodista
Reside en Estados Unidos
Agosto 30, 2026
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